Usura en Colombia

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El pasado lunes la Superintendencia de Economía Solidaria dió una preocupante alerta acerca de algunas entidades que al
parecer están engañando a aquellos que solicitan préstamos y que por algún motivo no lo hacen en entidades bancarias.
 
Estas empresas son las conocidas como Cooperativas de Aporte y Crédito, constituidas legalmente para ofrecer productos que tienen que ver con el ahorro, préstamo de capital, microemprendimientos, etc, pero que a la postre se están aprovechando de la necesidad del ciudadano cobrandole altas tasas de interés, que están por encima de la usura, y no solo eso, sino que en algunos casos los hacen aparecer como fiadores de terceros que nisiquiera tienen el más mínimo vínculo personal.

Mediante la figura comercial de “Cooperativa”, algunos estafadores crean legalmente estas entidades para ofrecer todo tipo de créditos que son muy fáciles de obtener, pero a cambio se deben firmar todo tipo de compromisos que luego pueden terminar en deudas casi impagables.

  • Notas de Ingreso

  • Notas de Retiro

  • Pagarés en Blanco

  • Cheques en Blanco

De tal manera que la Superintendencia empezó con innumerables auditorías encontrándose con cosas como que no solo se están cobrando tasas de intereses tan elevados que sobrepasaron los niveles permitidos de usura, sino que también los “beneficiarios” deben asumir otros servicios que no siendo obligatorios, los deben tomar o de lo contrario no podrían acceder a un crédito tan cómodo como estas entidades lo proponen.

Según la Supersolidaria son más de 500 mil personas que están seriamente afectadas y que hasta ahora la mayoría de ellas no sabían que les estaban estafando, lo que más impresiona es el tipo de población involucrada, pues en un alto porcentaje son:

Se supone que es menos complicado estafar a la población más vulnerable, sin haber tenido oportunidad de educarse, pero impresiona el hecho de ver como personas con ingresos puntuales y olgados esten siendo afectados por este fenómeno ilegal que ya ha superado la cifra en deudas de 240 mil millones, situación que obliga a que la veeduría ahora sea más estricta y a que emmpiecen a comunicarse fallos y sanciones.