Sin duda que uno de los temas más controvertidos en Argentina es el confuso Índice de Precios que la elabora mensualmente el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). El dato arrojado por el ente en el mes de Diciembre 2010 indicó que el IPC creció un 1.03% respecto a Noviembre 2011.
Es un caso particular, se convive con dos posturas: la inflación real y la inflación publicada por las autoridades oficiales. Mientras que la primera, según estudios de consultoras privadas, ronda el 30% acumulado para el reciente ejercicio 2010. Del otro lado la imagen gubernamental contradice la versión sosteniendo que el nivel de precios ha crecido en la misma temporada apenas un 10.9%.
Como bien sabemos, este índice se elabora a partir del costo de vida que representan los bienes y servicios básicos incluidos en la canasta familiar. Respecto a los bienes, el incremento en tasa intermensual fue de 1.06%, en tanto que los servicios aumentaron 0.97%.
La publicación de una inflación baja, tiene entre sus argumentos (en especial de la clase dirigente) el hecho de que dar a conocer un índice por debajo de la realidad, hace que se reduzca el costo de la deuda pública; dado que un alto porcentaje de títulos emitidos por el gobierno se ajustan de acuerdo al costo de vida.
Una primera impresión podría resultar irrisoria, pero basta con repasar la incongruencia de las partes para dar cuenta de que el caso argentino es un claro ejemplo a no seguir. Las constantes luchas ideológicas de sus dirigentes hacen pensar que en lugar de estarse librando una batalla política, se estuviera desarrollando un pleito que conduce indefectiblemente a dos cosas: al empobrecimiento de la masa trabajadora y al enriquecimiento, sin escrúpulos, de quienes se proclaman defensores del pueblo.
